La Ley 2/85 de Protección Civil en España, de 21 de enero de 1985, publicada en el BOE al día siguiente contempla la situación de emergencia o de interés nacional. Establece que ha de declararse para proteger personas o bienes en un estado particularmente grave, cuando sea necesario coordinar administraciones diversas y habilitar recursos más allá de los que dispone la comunidad autónoma afectada y que requieran de una dirección de carácter nacional. Ha de ser declarada por el ministro del Interior a iniciativa propia, pero informando a la comunidad autónoma afectada, o pedido por la propia comunidad autónoma. Una vez declarada la toma de decisiones queda en manos del ministro del Interior y no en las del presidente de dicha comunidad.
Desde hace semanas asistimos a un cruce de acusaciones y desmentidos sobre la responsabilidad de las diferentes administraciones en la gestión de la tragedia que ha afectado a Valencia y también, aunque en menor medida, a otras comunidades autónomas. La gran pregunta es si habría sido adecuada la declaración de emergencia nacional ante la gravedad de lo ocurrido y las graves necesidades que desbordaban con mucho los medios de que podía disponer la comunidad valenciana. El presidente del gobierno Pedro Sánchez se limitó a decir, refiriéndose a la situación que se estaba viviendo en Valencia, que si necesitaban ayuda que la pidieran. Había que estar muy ajeno a lo que estaba sucediendo para señalar que, si era necesaria la ayuda, que la pidieran. Luego ha venido el cruce de acusaciones. La culpabilidad del presidente Valenciano Carlos Mazón, atizada por el PSOE y la de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, atizada por el PP, que ha llevado el asunto a Europa donde ha de pasar el “examen” que se hace a quienes aspiran a ser comisarios europeos y le niega su apoyo. Esa historia no es nueva. El PSOE votó contra de Arias Cañete al examinarse para comisario de Energía en 2014.
Más allá de estos ataques, que, desgraciadamente, forman parte del panorama político español, la gran pregunta es si lo ocurrido en Valencia era lo suficientemente grave para declarar la emergencia nacional y que el gobierno de Pedro Sánchez asumiera en primera persona las medidas para hacer frente a la tragedia. ¿Eran suficientes para declararla más de doscientos muertos? ¿Eran suficientes para declararla las decenas de miles de coches que han quedado para el desguace —algunas cifras apuntas a doscientos mil— e incluso inservibles para ser desguazados? ¿Eran suficientes para declararla los cientos de negocios que desaparecieron al ser destrozadas sus instalaciones por la fuerza de la tromba de agua? ¿Eran suficientes para declararla los garajes y aparcamientos inundados de los que se tardó días en entrar? ¿Eran suficientes para declararla que durante muchos días no hubiera servicio eléctrico o que todavía el agua potable no ofrezca las garantías mínimas para ser consumidas tres semanas después? ¿Eran suficientes para declararla que el lodo y el barro tres semanas después no haya podido ser todavía eliminado ni muchos vehículos retirados?
Los españoles entendieron rápidamente que la magnitud de la tragedia requería de toda la ayuda posible y la ola de solidaridad es todo un ejemplo y si no hubiera sido por su esfuerzo y ayuda de muy variada índole…
(Publicada en ABC Córdoba el viernes 22 de noviembre de 2024 en esta dirección)